ENERO 2022
El Kwekwe Nejwe’sx, autoridades ancestrales en cumplimiento al mantey yuwe nasa uus dxi’jia, ksxaw, i’kwe’sx newewnxi, uma kiwe, sek, ate dxi’janxi, establecidas para regular la vida y la relación de los nasas con los tres espacios (eeka kiwe, naa kiwe, kiwe dxiju) en el ejercicio de las atribuciones conferidas por los usos y costumbres, ley de origen, derecho propio y según artículos 246 y 330 de la constitución política de Colombia, convenio 169 de la OIT, la declaración de las naciones unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y previo las siguientes:
CONSIDERACIONES.
Que, antes de ser colombianos somos pueblos indígenas que ejercemos diversas formas de cuidarnos y autoregularnos en el marco del derecho propio y la jurisdicción que nos reconoce nuestra autonomía en la búsqueda de la armonía territorial y comunitaria. Que El Kwekwe Ne’jwe’sx como autoridades ancestrales legitimas y reconocidas por las comunidades dentro de nuestro espacio territorial, contamos con facultad plena para dinamizar y hacer cumplir los mandatos comunitarios para el control social y la pervivencia de los pueblos.
Que, los pueblos indígenas hemos sido los más afectados por la violencia estructural, el despojo, el saqueo, el desplazamiento, el empobrecimiento, la corrupción, el conflicto armado y el narcotráfico producto del abandono del Estado que no cumple su función social de garantizar los derechos sociales, económicos y humanos, llevando a la población civil a vivir en condiciones de vida indignas, provocando la migración de la juventud al rebusque y a elegir opciones de sobrevivencia que terminan con sus vidas en la confrontación de grupos armados y organizaciones de narcotráfico que se disputan el control de los territorios.
Que las políticas de erradicación de los gobiernos han sido un total fracaso en el país, toda vez que al Estado no le interesa en lo más mínimo acabar la economía del narcotráfico fuente de financiación de la guerra y de la política de desigualdad social en los que una minoría acapara las mayores riquezas del país y una gran mayoría padece las injusticias y la inequidad, provocando conflictos internos en las comunidades que generan confusión, división, zozobra y muerte.
Que el fracaso de los acuerdos de paz y el incumplimiento del Estado y el gobierno nacional aumenta los riesgos para la vida de la población indígena a la pervivencia de los pueblos por la disputa territorial llevándonos a tensiones internas sin ser responsable de ello. Que si bien, el narcotráfico es una problemática de nivel nacional cuya responsabilidad es del Estado colombiano, las comunidades hemos construido un plan de vida en el que prima la vida, el territorio, la cultura y la organización comunitaria, donde los derechos colectivos se sobreponen a los derechos individuales, en el entendido de que la afectación a un comunero genera graves danos a la familia, a las comunidades y al territorio.
Que los territorios indígenas son propiedad colectiva de carácter inalienable, imprescriptible e inembargable, resultado de la gran lucha de recuperación de tierras que emprendieron nuestros mayores y mayoras, algunos predios fueron pagados por el INCORA bajo la exigencia que hicieron las comunidades recuperadoras, y que aunque existen algunos predios con escrituras públicas, al pertenecer al territorio ancestral de Jambaló, prima el titulo global de Resguardo Indígena, por lo que están sujetos a las normas y mandatos que la comunidad ha establecido para el control social y cuidado de la vida y el territorio.
Que, es sabido, que la resiembra y siembra de cultivos de uso ilícito en los territorios indígenas trae mayor incremento de grupos armados, delincuencia común, drogadicción, alcoholismo, desintegración familiar, conflictos comunitarios, perdida de la identidad, daño a la salud, daño a la madre tierra, intimidación, amenazas y asesinatos de lideres, entre otros, todo estos, con impactos negativos para la vida de las comunidades y para el plan de vida.
Que, en nuestro territorio ya hemos venido legislando mediante asambleas del plan de vida, asambleas permanentes y congresos de orden zonal y regional las normas, mecanismo, criterios y procedimientos sobre los cuales hemos de regirnos las comunidades respecto a las acciones a realizar ante la presencia de desarmonías, para este caso, derivadas por la siembra y resiembra y producción de cultivos de uso ilícito y la circulación y consumo de sustancia psicoactivas que afectan de manera profunda a la juventud, a la niñez, a la familia y a las comunidades en general. (Legislación de autonomía territorial del 2000, resoluciones de 2018, 2020).
Que así mismo, el plan de vida solo reconoce como organizaciones territoriales y veredales aquellas autorizadas y legitimadas por las comunidades en el proceso organizativo y lo creados en espacios de decisión comunitaria y cuya funcionalidad está orientada al fortalecimiento del buen vivir.
Que, el 29 de septiembre del 2021 nos declaramos en emergencia territorial y humanitaria por la compleja situación de desarmonía territorial que estamos atravesando por la presencia de grupos armados, el reclutamiento forzado de nuestros niños para la guerra, el aumento de circulación de vehículos indocumentados entre otras desarmonías familiares y sociales. Que, desde el 1 de octubre hasta el 30 de noviembre del 2021, se realizó el ejercicio de minga hacia adentro y como resultado del análisis y reflexiones en la conversa con las comunidades, se encontraron múltiples desarmonías que atentan contra la cultura y la vida de los pueblos y el territorio.
Que, del 14 al 17 de diciembre de 2021 se realizó la asamblea N°148 del plan de vida Proyecto Global en la vereda el Tablón, donde se debatió ampliamente el riesgo territorial y comunitario por la siembra y resiembra de cultivos de uso ilícito, Respecto a este asunto en particular, la asamblea concluyó:
- Ratificar la resolución de autonomía territorial frente a la no siembra ni resiembra de cultivos de uso ilícito y demás desarmonías que se presentan en las familias
- Fortalecer el ejercicio de cuidado y control territorial.
- Las veredas deberán establecer espacios de conversa y diálogos al interior de sus comunidades para precisar lineamientos, criterios, acuerdos y acciones frente a la no siembra ni resiembra de cultivos de uso ilícito.
- Pensar, construir e implementar iniciativas económicas legales y legitimas que no vayan en contravía del buen vivir de las comunidades y de la juventud.
- Fortalecimiento de la economía familiar y apoyo a emprendimientos de libre inversión para la juventud en el marco de la legalidad con proyectos estructurados definidos y sostenibles.
- Conformar comisiones políticas de dialogo para conversar con las familias que están promoviendo las siembras y resiembras de cultivos de uso ilícito.
- Parar la siembra y resiembra de cultivos de uso ilícito y presentar otras iniciativas económicas que no estén por fuera de las orientaciones de plan de vida territorial.
La asamblea reiteró que es deber de cada vereda con sus organizaciones locales: juntas de acción comunal, khabuwe’sx, kiwe thegnas y demás, asumir el compromiso de cumplir y hacer cumplir las resoluciones y mandatos, acompañados por las autoridades territoriales.
Llamamos a la juventud, a las familias y a la comunidad en general, a seguir en resistencia y exigencia de nuestros derechos colectivos, caminando la lucha pacífica, vivenciando la cultura, promoviendo la unidad comunitaria, emprendiendo en economías licitas y decidiendo sabiamente fortalecer el plan de vida, cuidar el territorio y convivir en armonía.
Finalmente, ratificamos que continuamos en emergencia territorial y humanitaria por la defensa de la vida, el territorio, la unidad y la cultura.
Audio Autoridades Reafirmaciòn Mandatos Y Resoluciones .